Humanos los derechos

mayo 5, 2009

Impunidad uniformada: informe de HRW sobre México

Filed under: Uncategorized — Emiliano Balerini @ 11:52 am

MILENIO Redacción

Kenneth Roth visitó entre domingo y miércoles nuestro país para entregarle el martes al presidente Felipe Calderón su último reporte, uno de dos que en promedio elabora Human Rights Watch (HRW) cada semana. No es común que el director ejecutivo de esa institución haga el viaje en persona; en este caso, comentó a MILENIO Semanal, la importancia de la coyuntura mexicana lo ameritó.

HRW se caracteriza por su solidez metodológica y por su distancia de las agendas políticas que suelen teñir los resultados y las miras de otras ONG. Las conclusiones de este informe se basan en entrevistas realizadas durante cuatro misiones de investigación a México DF y al estado de Coahuila, realizadas en septiembre y noviembre de 2008 y enero de 2009 y en reuniones sostenidas por HRW con ministros de la Suprema Corte, representantes de organizaciones no gubernamentales locales, abogados, periodistas, académicos, procuradores generales de justicia de los estados y miembros destacados de la sociedad civil mexicana, así como en testimonios de las víctimas de abusos militares y de sus familiares.

Dada la dificultad de lograr un contacto directo con la totalidad de las víctimas y de la comprensible renuencia de muchas de ellas a declarar reiteradamente sobre estas experiencias traumáticas, HRW se ha basado además en documentos oficiales que contienen declaraciones directas de las víctimas. También entrevistó directamente a cuatro víctimas de abusos cometidos por el Ejército, o a sus familiares, trabajando en estrecha colaboración con sus representantes legales.

Van aquí el resumen ejecutivo y las recomendaciones al presidente Calderón del documento elaborado por Tamara Taraciuk, abogada a cargo de México de la División de las Américas de HRW. La versión íntegra puede ser consultada en http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0409spweb.pdf
Resumen ejecutivo

“Cuando uno (se) juzga… uno siempre trata de encontrar justificación. (Los militares) trata(n), simplemente, de cubrirse unos a otros”.

–La viuda de un joven asesinado por soldados explica por qué duda que la justicia militar sea imparcial.
Desde que asumió el cargo, el presidente Felipe Calderón ha delegado principalmente en las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia producto del narcotráfico y del crimen organizado. La necesidad de mejorar la seguridad pública es evidente. México enfrenta un contexto de intensas luchas territoriales entre poderosos cárteles de narcotraficantes, la entrada de armas sofisticadas al país, numerosos secuestros y ejecuciones en varios estados de la República, y aterradoras formas de violencia incluyendo decapitaciones. La competencia y las pugnas entre poderosos cárteles, así como los enfrentamientos armados entre éstos y las fuerzas de seguridad pública, han causado la muerte de miles de civiles, policías y oficiales de las fuerzas armadas. El número de víctimas se ha incrementado significativamente desde 2006, llegando a una cantidad estimada de seis mil muertes tan sólo en 2008.

México ha utilizado a las Fuerzas Armadas en operativos contra el narcotráfico y la insurgencia durante décadas. No obstante, la visibilidad de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública se ha incrementado drásticamente durante el gobierno de Calderón, quien ha planteado el despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave para combatir al narcotráfico y mejorar la seguridad pública. Miles de integrantes de las Fuerzas Armadas han sido incorporados a la policía federal y más de 40 mil efectivos entre militares y policías han sido asignados a distintas partes del país. En ciudades muy violentas, como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a militares de alto rango al frente de la policía. Si bien el gobierno de Calderón ha señalado que el uso del Ejército es de carácter temporal, aún no ha presentado siquiera un plan provisional para el repliegue de las tropas.

En el marco de las actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Los abusos documentados en este informe incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República en 2007 y 2008. Muchas de las víctimas en los casos documentados en este informe no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes.

Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada con el narcotráfico y de mejorar la seguridad pública. Actualmente, el Ejército ha desplegado a sus soldados en las regiones del país más afectadas por la violencia ligada con el narcotráfico. Los militares deberían ser los principales interesados en actuar profesionalmente y en que la gente perciba que actúan respetando a la población civil y los derechos humanos. Cuando los soldados cometen graves crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos, menoscaban esta imagen, pierden el apoyo de la población civil y generan una sensación de desconfianza y temor hacia el Ejército en poblaciones que, de lo contrario, podrían contribuir a las medidas para mejorar la seguridad pública. Abusos como los documentados en este informe, además, son contrarios a uno de los principales objetivos que deben cumplir las Fuerzas Armadas durante los operativos de seguridad pública: aplicar la ley y proteger a la población.

Una de las principales causas por las cuales estos abusos continúan ocurriendo es que los responsables no son sancionados. Y esta falta de sanciones se debe, en gran parte, a que estos casos terminan siendo investigados y juzgados por los propios militares. Al permitir que las Fuerzas Armadas se investiguen a sí mismas mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad, México está, en los hechos, permitiendo que los militares participantes en actividades de seguridad pública cometan violaciones atroces de derechos humanos impunemente.

El sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. Debido a la poca transparencia del sistema y a que las autoridades militares no difunden públicamente el resultado de gran parte de los casos, es difícil obtener una perspectiva detallada sobre qué sucede en cada uno de ellos. De cualquier manera, resulta evidente que son muy pocos los casos en que se aplican condenas por los delitos cometidos.

En enero de 2009, cuando Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional por ejemplos de violaciones graves de derechos humanos juzgadas por la justicia militar que hubieran llevado a la imposición de una condena penal a personal militar, los funcionarios señalaron que existían “muchos”. No obstante, sólo pudieron recordar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha proporcionado una lista de estos casos. Tampoco ha entregado aún una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.

El presente informe describe 17 casos de crímenes atroces cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles. Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Dado que el sistema de justicia militar no está sancionando a los responsables, es crucial que estos casos sean trasladados al sistema civil de justicia penal. Esta conclusión está plenamente avalada por el derecho internacional, que dispone claramente que las violaciones graves de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.
Como resulta evidente en este informe, el sistema de justicia militar de México no cumple con estos estándares. Organismos internacionales a cargo de interpretar los tratados internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desaprueban el ejercicio de la jurisdicción militar en este tipo de casos debido a que los sistemas de justicia militar frecuentemente son poco transparentes. También sostienen que, dado que las fuerzas militares se juzgan a sí mismas, abundan potenciales conflictos de interés. El sistema mexicano no es una excepción: no se encuentra estructurado para garantizar resultados justos y, como claramente lo demuestra la información existente hasta el momento, estos resultados tampoco se obtienen en la práctica.

En México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas. Los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el secretario de la Defensa los aparte de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que el secretario no comparte. El control civil de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitado. Aún más grave, prácticamente no existe ningún escrutinio público ni acceso a información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, los cuales pueden extenderse durante varios años.
Estas fallas estructurales tienen un impacto directo en la práctica. La Secretaría de la Defensa Nacional de México restringe excesivamente y sin una justificación razonable el acceso por parte del público a información básica sobre el estado de los casos de abusos cometidos por el Ejército contra la población civil que se tramitan ante la justicia militar. Ello prácticamente impide saber, a ciencia cierta, en qué medida los miembros de las fuerzas armadas realmente responden por sus actos. En muchos casos, los testigos y las víctimas son renuentes a declarar o participar en este ámbito por el temor a sufrir represalias por hablar de los abusos militares frente a los propios militares. La información disponible sugiere que las probabilidades de obtener justicia en este tipo de casos dentro del sistema de justicia militar son escasas.

Como señalamos anteriormente, ninguna de las investigaciones de la justicia militar sobre abusos cometidos por el Ejército que se analizan en este informe han culminado en la imposición de condenas penales por la comisión de violaciones de derechos humanos. En los casos más viejos, las investigaciones militares terminaron en la impunidad. Y, en otros más recientes de 2007 y 2008, las investigaciones penales militares o bien han sido cerradas o están siendo impulsadas de forma tal que es probable que, igualmente, terminen en la impunidad. En varios casos, los agentes del ministerio público militar han concluido las investigaciones por falta de pruebas, basándose para ello en las declaraciones de los soldados e ignorando evidencia independiente y creíble que demostraba que efectivamente se habían cometido los abusos. Si bien la justicia militar ha otorgado indemnizaciones a las víctimas en algunas ocasiones, éstas no compensan la falta de justicia que prevalece en estos casos.

Pese a estos hechos contundentes, los militares continúan basándose en el texto del Código de Justicia Militar y en una interpretación forzada de la Constitución para justificar su práctica de continuar investigando los casos. En general, los agentes del ministerios públicos federal y local han aceptado que los militares asuman estos casos casi sin protestar. Si no se pone fin a esta práctica, continuará prevaleciendo la impunidad, lo cual a la larga contribuirá a frustrar el éxito de las estrategias para combatir la violencia vinculada con el narcotráfico y para mejorar la seguridad pública.
Como se explica más adelante, el principal argumento esgrimido por las fuerzas armadas para asumir la jurisdicción en casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas contra víctimas civiles es una disposición constitucional que prevé el fuero militar “para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Uno de los principales problemas es que el Código de Justicia Militar, queriendo interpretar la Constitución, establece una definición sumamente expansiva de estos delitos e incluye a los “delitos del orden común o federal… que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Las fuerzas militares han interpretado que, según esta disposición, no deben hacer distinción en función de la naturaleza del delito y, por ello, incluso los delitos más aberrantes como la violación sexual y la tortura deben ser juzgados ante los tribunales militares, siempre que hayan sido cometidos en servicio y junto con un delito militar.

No obstante, ni la Constitución Política de México ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigen este resultado. Por el contrario, el texto de la Constitución, su interpretación por expertos en derecho constitucional y una decisión reciente de la Suprema Corte apoyan que la jurisdicción civil debería investigar estos casos. De hecho, la práctica de los militares debería haber cambiado con una jurisprudencia dictada en 2005 por la Suprema Corte que es vinculante para todas las autoridades judiciales, incluidas las militares. En su decisión, la Suprema Corte limitó el alcance de la disposición del Código de Justicia Militar al definir “servicio” como la “realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña”. Si bien la Suprema Corte no determinó expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados “funciones inherentes” de las fuerzas armadas.

En México, el tema central no es el contenido de la Constitución, sino la voluntad política para asegurar que los casos de abusos cometidos por el Ejército contra civiles sean juzgados donde corresponde. Deben ser oídos ante los tribunales civiles, donde existe la garantía de independencia judicial y el escrutinio público necesarios para que las víctimas puedan obtener justicia.

Recomendaciones al presidente Calderón
Cuando el gobierno de Calderón adoptó su “Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012”, en agosto de 2008, señaló que impulsaría “reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos por el Estado Mexicano”.
Dos meses antes, el Congreso había aprobado una reforma constitucional exhaustiva destinada a modificar sustancialmente el disfuncional sistema de justicia penal de México, incluido el sistema de justicia militar. La reforma incorporó garantías básicas del debido proceso en la Constitución y exigió la adopción de un sistema de justicia acusatorio con audiencias orales.

A fin de implementar los requisitos constitucionales y de cumplir con su compromiso expreso de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de derecho en México, el presidente Calderón, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, debería presentar al Congreso una iniciativa de reforma del sistema de justicia militar. Concretamente, la reforma debería incluir lo siguiente:

—Modificar el artículo 57 (II) del Código de Justicia Militar para que establezca expresamente que al menos los casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas contra la población civil, incluidas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, no pueden ser juzgados por el sistema de justicia militar y deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público locales o federales.
—Instruir a las autoridades militares para que cooperen plenamente con los agentes del ministerio público locales o federales en la investigación y el juzgamiento de los abusos militares contra civiles.
—Garantizar que los jueces y los magistrados militares gocen de estabilidad en sus cargos, al fijar un período específico durante el cual permanecerán en el cargo y establecer causales y mecanismos claros para su remoción.
—Garantizar que las decisiones adoptadas por los tribunales militares sean objeto de una revisión exhaustiva por parte de autoridades civiles, por ejemplo, al designar a jueces civiles independientes en el Supremo Tribunal Militar o al permitir una revisión de fondo de las decisiones de la justicia militar por los tribunales federales.

Mientras el Congreso analiza y adopta estas medidas legislativas, el presidente Calderón debería instruir al secretario de la Defensa Nacional que garantice que:
—Los fiscales y los jueces militares no ejerzan su competencia respecto de casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos. Deberían, además, recibir la instrucción de declinar competencia y remitir inmediatamente los expedientes ya existentes que correspondan a este tipo de casos a los agentes del ministerio público locales o federales, quienes deban llevar a cabo las investigaciones. Una vez que los casos se encuentren en la jurisdicción civil, las autoridades militares deberían colaborar plenamente con las investigaciones.

—La Secretaría de la Defensa Nacional amplíe la transparencia de los procedimientos del sistema de justicia militar, cumpliendo plenamente con la Ley Federal de Transparencia y las obligaciones de México conforme al derecho internacional. Entre otras cosas, debería brindar información básica al público sobre el estado de los casos relacionados con víctimas civiles, facilitar el acceso a información sobre las próximas audiencias públicas a través de la página web oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional y facilitar el acceso público a las instalaciones militares donde tramitan los casos ante la justicia militar.

—Por último, y en especial en relación con el delito de desaparición forzada, el presidente Calderón debería presentar una iniciativa ante el Senado para retirar la reserva formulada por el gobierno de México al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en 2002, y para reconocer inmediatamente la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008.

La Convención Interamericana dispone que todas las personas acusadas de haber cometido el delito de desaparición forzada deben ser juzgadas por los tribunales de derecho común, “con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”. Sin embargo, México “formul(ó) reserva expresa al Articulo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio”. Si bien la validez de esta reserva aún no ha sido analizada por los organismos internacionales competentes, Human Rights Watch considera que contradice el objeto y fin del tratado.

En relación con el Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, este fue creado con el fin de recibir y analizar las comunicaciones presentadas por las víctimas de desapariciones forzadas o sus familiares o representantes. No obstante, México no reconoció su competencia al ratificar el tratado.

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