Sobre el terrorismo de Estado, la obediencia debida

Mesa redonda:

Los desaparecidos de ayer y de hoy en México.

Teatro-bar El Vicio, Coyoacán.

Domingo 14 de Octubre de 2007

Por: Carlos Fazio

Desde diciembre pasado, de la mano de la administración militarizada de Felipe Calderón, una serie de noticias y palabras que han reaparecido en los medios y en la vida pública nacional, potenciadas muchas veces desde las instancias oficiales, entrañan un mensaje inquietante de signo incierto.

Entre ellas figuran, por ejemplo, palabras como “seguridad nacional”, “guerra”, “terrorismo”, “subversión”. Las noticias hablan de un millonario programa de asistencia militar estadunidense similar al Plan Colombia, de prácticas castrenses de tipo contrainsurgente en todo el país, de un gobierno débil rehén de los militares y atrapado en la lógica del terrorismo de Estado, de la detención-desaparición forzada de militantes populares, de ejecuciones sumarias de civiles en retenes de seguridad, de la violación de los derechos humanos y la reaparición de la tortura −incluida la sexual− como mecanismo de interrogación sistemático, de la reaparición del paramilitarismo en Oaxaca y Chiapas, de la llegada a México de mercenarios contratados por el gobierno de Estados Unidos para realizar tareas de espionaje y actividades propias de los organismos de seguridad del Estado, encubiertos bajo la pantallas de “contratistas civiles” y otros hechos ominosos.

En el marco de una aguda crisis institucional, México está entrando aceleradamente en una nueva fase exacerbada de la contradicción oligarquía-pueblo. Por eso, a la manera de recuerdos del porvenir, tal vez sería útil repasar algunos episodios del pasado reciente, entre ellos, la guerra sucia de los años setenta con alguno de sus protagonistas y la farsa de la justicia en el “gobierno del cambio”.

Nazar Haro, icono de la guerra sucia

Veamos un caso paradigmático, con la mirada puesta en los sucesos actuales y en la personalidad de los torturadores de ayer y de hoy y sus mandos naturales. El de Miguel Nazar Haro, investigador estrella de los servicios secretos del antiguo Estado autoritario priísta y hombre de confianza de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien fue detenido en México el 18 de febrero de 2004. Remitido al penal de Topo Chico, apremiado por un cúmulo de denuncias que lo identificaban como autor de varias detenciones–desapariciones y del uso sistemático de tratos brutales y ataques sádicos, para colocar en una dependencia extrema y degradar masiva, psíquica y biológicamente a sus prisioneros durante la llamada guerra sucia de los años setenta, Nazar se había atrincherado entonces en dos palabras: “Soy inocente”.

El creador del grupo de operaciones clandestinas C–047 y de la paramilitar Brigada Blanca, quien se hacía llamar capitán Martínez en sus primeros tiempos de torturador, cuando arrancaba confesiones a sus víctimas con la picana eléctrica, negó todo. Inclusive, ese hombre duro que llegó a autodefinirse como “institucional hasta la muerte”, recurrió de modo tácito a la “obediencia debida”, cuando admitió ante el juez que llevaba la causa en Monterrey que todo lo que hizo en los años del plomo lo informaba a diario al presidente de la República y al secretario de Gobernación de turno.

El 5 de febrero de 2003, unos meses antes de pasar a la clandestinidad y convertirse en policía fugitivo, Nazar exhibió en una entrevista con Gustavo Castillo su personalidad narcisista al proyectar la idealización de su actividad y sus fines, como miembro de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS). Le aseguró al reportero de La Jornada que si quería le podía demostrar cómo podía interrogarlo y debilitarlo sin tortura: “Platíqueme de su infancia. ¿Cuáles fueron sus deseos infantiles? ¿A quién culpó de no lograr lo que quiso en su juventud?”. Es probable, como dicen algunas de sus víctimas, que Nazar posea una personalidad psicopática propia de los individuos autoritarios, exacerbada por la ambivalencia del mundo en el que se movió: los sótanos del sistema represivo priísta de los años sesenta y setenta. Probable pero no forzoso. Aunque es obvio que él y sus guerreros sucios de la DFS vivieron en una constante tensión. Entre el miedo y la agresividad, entre su vivencia de perseguido y su papel de perseguidor (Nazar declaró que el origen del nombre Brigada Blanca se debe a que sus integrantes se sentían el “blanco» de la brigada roja de la Liga 23 de Septiembre).

Experto en contrainsurgencia, con cursos en academias militares de Estados Unidos y Panamá, Nazar, quien desde la DFS coordinaba los servicios de inteligencia del régimen y aplicaba la tortura como práctica administrativa de rutina −fue en su época una réplica a escala del coronel Manuel Contreras, el todopoderoso jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura pinochetista, actualmente preso−, en el momento de su detención recurrió a la imagen de que “toda su vida” fue un policía que se sacrificó en la defensa de “la patria”, “la familia” y “la propiedad privada”. Una carta de Miguel Nazar Haro a sus descendientes (“Sí, hijos míos, fui policía”, Proceso No. 1425), arroja algunas pistas sobre lo que constituye un patrón típico de las patotas criminales de la guerra sucia en México y el Cono Sur: “Mientras la sociedad descansa o duerme (…) estábamos de pie, vigilando”. El informe de la Conadep sobre Argentina revela que la nocturnidad caracterizó el momento de las desapariciones forzosas.

Durante el curso del proceso penal que se le sigue, Nazar, quien está ahora sometido a prisión domiciliaria debido a una ley que lo beneficia por su avanzada edad, no reveló quién o quiénes, en una cadena de mando que abarcó a los sucesivos directores de la DFS Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda y Javier García Paniagua; los secretarios de Gobernación Luis Echeverría, Mario Moya Palencia y Jesús Reyes Heroles, y a los presidentes de la República Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, le autorizaron llevar a cabo el espionaje telefónico y fotográfico sobre el personal diplomático de los países socialistas acreditados ante la Cancillería mexicana, en estrecha colaboración con la estación de la CIA y del attaché del Buró Federal de Investigación (FBI) en México. Ni por órdenes de quién creó el Grupo de Investigaciones Especiales C–047 (noviembre de 1965), para infiltrar y aniquilar a los “grupos subversivos”, luego de pasar un semestre adiestrándose en Washington. O quién aprobó la formación una Brigada Especial o Blanca −réplica de los escuadrones de la muerte centro y sudamericanos−, que practicó la tortura como método y ejecutó y desapareció de manera forzosa prisioneros y tuvo la prebenda del “botín de guerra” durante cateos y detenciones.

Por otra parte, el pregonado nacionalismo de Nazar es falso; son públicos sus nexos con la CIA. En agosto de 1981, cuando fue acusado formalmente en San Diego, California, de ser jefe de una banda de robo y contrabando de automóviles de lujo, Gordon McGinley, agregado legal del FBI en la embajada de Estados Unidos en México, envió un cable a sus superiores en Washington señalando que Nazar, entonces titular de la DFS, era un “contacto esencial de la estación de la CIA en la ciudad de México”. Su renuncia (o detención), agregaba, significaría un “golpe desastroso (…) a los intereses y la seguridad” de Estados Unidos en materia de “terrorismo, espionaje y contraespionaje” (The Washington Post, 17.VII.1990). En abril de 1982, confiado en su impunidad, Nazar viajó a Los Angeles, pero fue arrestado y pasó 27 horas en prisión. Entonces intervino el Departamento de Justicia, pagó una fianza y regresó a México en calidad de fugitivo. Lo salvó el gobierno de Ronald Reagan y el entonces jefe de la CIA, George Bush (padre).

Luego de ese “traspié”, Nazar tuvo que dejar la dirección de la Federal de Seguridad. Su salida de la institución, el 13 de enero de 1982, coincidió con la derrota militar de los remanentes de las guerrillas, que dejó sin materia de trabajo a los paramilitares de la Brigada Blanca. No obstante, los grupos especiales de las diferentes corporaciones adscritas a la seguridad del Estado se refuncionalizaron y conservaron autonomía, dando origen a una cadena de mando criminal y mafiosa vinculada al narcotráfico y otras actividades ilícitas, organizada desde el corazón mismo del sistema político mexicano. Muchos antiguos mandos de la DFS, montaron, como tapadera de sus empresas criminales, agencias de seguridad; Nazar entre ellos.

La desprolija rehabilitación de Nazar como policía al servicio de la “seguridad nacional” se dio tras el levantamiento zapatista. Junto con los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, Nazar fue llamado a formar parte de la anticonstitucional Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, creada por Carlos Salinas de Gortari mediante decreto presidencial del 26 de abril de 1994 y a cuyo frente estuvo Arsenio Farell Cubillas. El 8 de febrero de 1995, en el marco de la fallida ofensiva del Ejército ordenada por el presidente Ernesto Zedillo para capturar al subcomandante Marcos en Chiapas, Nazar y Acosta Chaparro participaron en la detención de María Gloria Benavides en el Distrito Federal. Antigua militante de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), Benavides, quien había adoptado el nombre de Elisa tras varios años de prisión, fue identificada con base en fotografías de la época de la DFS. Nazar, exuberante en los detalles, le comentó entonces: “Ayer fue el aniversario de la muerte de Julieta Glockner”, una ex guerrillera de las FLN que cayó en un enfrentamiento con el ejército el 7 de febrero de 1975.

Una brigada de elite

Envuelto en la bandera del patriotismo, la seguridad y el orden, durante su detención Nazar apeló a la obediencia debida (“el Presidente sabía todo”) y se declaró inocente de cualquier crimen. Pero redujo el papel de la DFS y la Brigada Blanca a simples funciones de información e investigación. Asimismo, rechazó cualquier vínculo con los militares de la época. Un dato sin duda falso, máxime, en boca de quien entró a la DFS sin grado militar y fue nombrado teniente coronel, en 1980, por el presidente López Portillo.

El 29 de octubre de 2002, en el marco del Consejo de Guerra contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro en el Campo Militar Número Uno, la Procuraduría General de Justicia Militar sostuvo que la Brigada Blanca fue un grupo “carente de sustento legal, cuyas tácticas eran completamente ilegales”. En la acusación por homicidio contra ambos militares −en 2002 fueron degradados y condenados por el delito de fomento al narcotráfico, Quirós murió en noviembre de 2006 y Acosta Chaparro fue luego exonerado y recuperó su grado−, la procuraduría castrense sostuvo que la Brigada Blanca “utilizó una táctica que consistía en detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales”, incluso en instalaciones militares habilitadas para “operaciones encubiertas”. Por ejemplo, las del Segundo Batallón de Policía Militar, ubicadas en el Campo Militar Número Uno A.

Si bien fichas desclasificadas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) daban cuenta de la existencia de una Brigada (Especial o Blanca), la acusación de la procuraduría militar contenida en el expediente fue el primer documento oficial de una dependencia del gabinete de Seguridad Nacional donde se admitió, de manera pública, la existencia de ese cuerpo paramilitar. Entre las corporaciones que aportaron personal a la Brigada Especial, figuraban, además de la DFS, la Policía Judicial Federal, a las órdenes del procurador general de la República, Óscar Flores Sánchez; el Segundo Batallón de la Policía Militar (luego Brigada), al mando del entonces coronel Francisco Quirós Hermosillo; la Policía Judicial Federal Militar; las policías judiciales del Distrito Federal y estado de México, y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), a cargo de Francisco Sahagún Baca. Se trataba, pues, de un grupo de elite contrainsurgente compuesto por militares y policías.

.Sevicia, aniquilamiento y responsabilidad estatal

En sus días de prisionero en el penal de Topo Chico, Nazar se quejaba de que “los errores de la fiscalía” lo iban a matar. Él, que fue parte de una maquinaria terrorista de Estado, cuyo mecanismo los llevó a una dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la tortura y la muerte; que ejerció un derecho de vida y muerte sobre sus prisioneros, y que como en el sueño nazi de los hombres que se desvanecen en la noche y en la niebla “desapareció” detenidos a voluntad, amparado en la arbitrariedad y la impunidad del poder, aducía ahora que había actuado “por razones de Estado”. Desvalido, se acurrucaba en el síndrome de Eichmann: argumentaba que fue sólo un “receptor de órdenes” (befehlsempfänger). Y en efecto, él no pudo haber operado en términos individuales sino corporativos. Nazar fue un eslabón, sí. Pero fue un engranaje eficaz de una maquinaria clandestina de exterminio. Por eso, su función subordinada no lo exime de responsabilidades.

El poder civil utilizó entonces a un grupo de elite compuesto por elementos del ejército y la policía, para exterminar disidentes y aniquilar poblaciones enteras. Como sostuvo en su momento Ignacio Carrillo Prieto, ex titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), “sólo con la orden del jefe supremo del país se pudo operar así”. Los gobiernos de entonces adoptaron un grupo de medidas tipificadas como ilegales en el derecho penal y los tratados internacionales vigentes (privación de libertad, tortura, desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales, homicidios calificados), para “aniquilar” a un grupo disidente armado, fraccionado en distintas siglas, mediante “el uso ilegal de la fuerza”.

Hubo, pues, una “intención manifiesta” de aniquilar y desaparecer disidentes; una acción “diseñada desde el más alto nivel del Estado” para acabar por la vía de la fuerza a “grupos enteros” de nacionales, lo que cae bajo la normatividad de delitos de lesa humanidad. La fiscalía para la guerra sucia −víctima también de la “desaparición forzada” mediante un pacto entre el presidente Fox y el PRI en el marco de la toma de posesión del espurio Felipe Calderón, quien quería asumir baja el ala del alto mando castrense y necesitaba limpiar la mala imagen de las instituciones armadas−, se basó en una orden expresa del ex secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, para “exterminar” a Lucio Cabañas y su guerrilla en Guerrero.

Eso se enmarca, además, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2003 consideró procedente la extradición a España del ex torturador de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el argentino Ricardo Miguel Cavallo (ex director del Registro Nacional de Vehículos en México), para que se le juzgara por el delito de genocidio. Es decir, la represión homicida contra un “grupo nacional”, donde no cabe alegar prescripción, porque es un delito de los denominados de carácter permanente, donde la prescripción no comienza hasta ser hallada la persona detenida.

De manera falaz y cobarde, sectores interesados (o implicados) que suelen argumentar “espíritu de cuerpo”, manejan un concepto–trampa para justificar la represión durante la guerra sucia. Se amparan en la ejecución de “órdenes de servicio” o de “operaciones” que disponían emprender acciones de “aniquilamiento” en contra de la “subversión” y el “enemigo apátrida”. Pero la obediencia debida en el cumplimiento del deber tiene límites. Además, en rigor, el aniquilamiento, en términos de conducción militar, es la fase final del ataque que sigue a otra llamada la persecución y que procura quebrar la voluntad de lucha del adversario. Lo que se materializa en la rendición del enemigo.

Según el mayor general J. F. C. Fuller, “el objeto de la guerra no es asesinar ni devastar, sino persuadir al enemigo a cambiar de idea” (Fuller, La Segunda Guerra Mundial, 1950). Lo que sucedió en México fue la captura de implicados y de muchos sospechosos e inocentes, y su asesinato o desaparición forzosa, previo tormento. Ninguna ley o reglamento militar instruye eso. La Ley de Disciplina del Ejército mexicano previene: “Queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito; el militar que la expida y el subalterno que las cumpla, serán responsables conforme al Código de Justicia Militar (Art. 14)”. En consecuencia, tanto impartir como acatar una “orden” que no sea del servicio, convierte tal servicio en una servidumbre (en su sentido de sujeción grave o acto de someterse al dominio, señorío o disposición de alguno). A la vez, para quien la imparte es un abuso de autoridad, y para quien la obedece un acto de complicidad. Un soldado no es una máquina o un animal, menos un sicario.

Pero además, según el eslabón (o jerarquía) de la cadena de mando, se requieren grados de reflexionabilidad y complejidad. No es lo mismo una orden del presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que la orden de “firmes” y “descanso” que imparte un cabo a su pelotón. De allí, lo que se llama “responsabilidad del mando”. Ergo, la responsabilidad de Luis Echeverría y José López Portillo, es mayor que la de Nazar, Acosta, Quirós y la veintena de militares que fueron enjuiciados por la guerra sucia. Pero eso no exime a los ejecutores directos de responsabilidad.

Por otra parte, familiares de Nazar Haro −como antes militares retirados y en funciones−, recurrieron al lenguaje ramplón y quejumbroso de que fue un hombre que luchó en “defensa de la patria” y de una “ideología mexicana única” o “nacionalista”, atacadas por “grupos de aventureros” y “vendepatrias”. Con eso se intentó justificar la guerra sucia. El vale todo. Pero ningún profesional de las armas puede afirmar, con honestidad, que bajo determinadas circunstancias son moral y jurídicamente admisibles los horrores cometidos por una parte del ejército y la policía adscrita a la Brigada Blanca. Ningún comandante puede sustentar sus decisiones −sus órdenes− sobre la base de la aplicación de una suerte de Ley del Talión.

Tampoco es válida una obediencia ilegítima o inmoral, o la pretensión de haber padecido coacción de un oficial superior. El sentido común moral y el entendimiento normal vetan la comisión de matanzas como las de Tlatelolco y el Halconazo del Jueves de Corpus del 71. En el juicio sobre la masacre de My–Lay, la aldea vietnamita, ordenada por el teniente Calley del ejército de Estados Unidos, los soldados que se negaron a disparar nunca fueron objetos de castigo. Nadie puede ordenar arrasar aldeas enteras, como ocurrió en las sierras de Guerrero durante la guerra sucia, ni tirar prisioneros al mar. Quienes lo hicieron y sus mandos superiores deben ser castigados. No se puede alegar que se ha matado injustamente en nombre de la justicia. Es la justicia la que exige que las matanzas injustas reciban su condena.

Como los criminales de guerra nazis Klaus Barbie, Adolf Eichmann y Erich Priebke, el general Manuel Contreras de la DINA chilena y varios de sus pares y un puñado de militares argentinos y uruguayos, el teniente coronel Miguel Nazar Haro, sus camaradas de armas (militares y policías) de la Brigada Blanca y la parte superior de la cadena de mando, incluidos el presidente Luis Echeverría y el capitán Luis de la Barreda, prófugo de la justicia, deben ser juzgados por genocidio, terrorismo, torturas y desapariciones forzosas. Por los crímenes contra la Humanidad cometidos en el marco de la guerra sucia.

Hubo entonces una voluntad manifiesta para destruir total o parcialmente a un segmento de la nación. ¿Y qué pasó? De 600 detenidos–desaparecidos y cientos de ejecutados (se afirma que el ahora liberado Arturo Acosta Chaparro le dio el tiro de gracia a 200 prisioneros en Guerrero), sólo han sido capturados menos de media docena de presuntos criminales. No se puede decir que haya cosa juzgada, y más que insólita resulta perversa la decisión del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, en el sentido de que hubo un genocidio organizado y ejecutado por las autoridades de aquella época, pero no hay responsables vivos y ninguna prueba que incrimine a Echeverría. Es decir, genocidio sin genocidas.

Asistimos a una gran farsa. Por eso, contra la patraña oficial de ayer y de hoy, junto a los Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, las doñas de Eureka y el Colectivo 68, repetimos, ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!