Humanos los derechos

octubre 27, 2007

‘Falta voluntad para resolver las violaciones a los derechos humanos’

Filed under: Derechos humanos,Desaparecidos,Presos políticos — Emiliano Balerini @ 2:10 pm
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Protesta nacional contra la represiónLos diferentes gobiernos del país, entre ellos el de la ciudad de México, tienen poca voluntad para resolver las violaciones a los derechos humanos, asegura Javier Sam Henríquez, director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ceceti).

El especialista en la materia señala que a pesar que la capital del país es una de las demarcaciones federativas en las que menos se violan las garantías de los ciudadanos, esta práctica viene de sexenios anteriores. “Ejemplo de ello es que las diferentes reformas a las leyes de derechos humanos, no se encuentran en la prioridad de los gobiernos federal o estatales; los amarres políticos y diferentes compromisos de los tres poderes en el país muestran lo complejo del tema”.

Sam Henríquez indica que uno de los casos más sonados en la materia hasta el momento en la actual administración de Marcelo Ebrard, fue la recuperación de dos predios en Tepito: “El retiro de la gente de esa zona y el actuar de las fuerzas policiales fueron violatorias en todos sentidos”.

Otro ejemplo son las manifestaciones de estudiantes rechazados de las diferentes universidades públicas: “Hace unas semanas hubo una protesta en la que varios alumnos fueron golpeados a las afueras del Instituto Politécnico Nacional.

“Aquí hay dos cuestiones a analizar: la primera que tiene que ver con la falta de la infraestructura necesaria para albergar a los jóvenes y la segunda con el poco nivel académico que presentan; sin embargo no se puede dejar de lado que al ser castigados la policía quebrantó sus derechos”.

El director general del Ceceti explica que el organismo oficial que defiende las garantías individuales, profesionales y sociales de los ciudadanos, ha sido oportuno en su trabajo.

“Aunque no se puede dejar de reconocer que las dimensiones geográficas de la ciudad provocan que éste se vea rebasada en muchos casos”.

Para el especialista el hecho de que se realice un diagnóstico de la actual situación en el Distrito Federal, permite planear y programar un trabajo que ayude a promover una concientización en el tema. También sirve, para determinar referentes al respecto y pretende hacer un llamado de atención sobre lo que está sucediendo en la capital del país.

Sin embargo estas proyecciones que se hacen no funcionan para resolver el problema, ya que para eso, menciona, depende de la voluntad política y jurídica de los diferentes gobiernos.

Diferencias

Para Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la violación a las garantías de los ciudadanos es un problema nacional.

Asegura, inclusive, que a diferencia del gobierno federal, la actual administración del Distrito Federal, tiene políticas públicas, encaminadas a valorar el tema.

“Como ejemplo se encuentran las reformas a las leyes de Sociedades de Convivencia, aborto y apoyo a los adultos mayores, que se aprobaron recientemente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); por ello es que se ha podido propiciar el debate y la participación ciudadana al respecto en la ciudad de México”.

Además, explica, que mientras en la capital del país sí se habla del problema que esto representa: de las garantías individuales, profesionales y sociales de los ciudadanos, nacionalmente no se está realizando nada. “El gobierno federal quiere ejecutar un plan de 2004, que no se hizo, por lo tanto sus diagnósticos en materia de derechos humanos son muy atrasados”.

Para la titular de la AMDH el problema en el DF, pasa por las dimensiones que tiene. “Aquí se concentran los tres poderes, además del gobierno local; no hay otra ciudad en el país que tenga la complejidad que aquí se vive”.

Por esa razón es que los actos violatorios se dan en la cotidianeidad. En la que los funcionarios públicos actúan con impunidad y los ciudadanos deciden no quejarse, ya que no confían en las autoridades.

Ramírez señala que por todo lo anterior es importante los diagnósticos que realice la CDHDF sobre el tema, ya que así se puede determinar cuáles son los delitos más graves que se dan y las medidas a tomar en cuenta.

La presidenta de la Academia puntualiza que este tema es colocado en la agenda pública dependiendo la coyuntura en la que se encuentre cada gobierno.

Cifras de la CDHDF

  • En el 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió 932 quejas de todo tipo contra el gobierno de la ciudad de México, por presuntas violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos.
  • En 2004 la CDHDF orientó a 35, 977 personas y se solicitaron 4, 997 medidas cautelares, 45% más que el año anterior. El Sistema Penitenciario ocupó el primer lugar con 2, 504 acusaciones de violación a los derechos humanos
  • En 2003 se recibieron 6,300 quejas, de las cuales las dependencias más señaladas fueron: la Procuraduría General de Justicia del DF con 1, 956 denuncias; el sistema de reclusorios con 1, 444; la Secretaría de Seguridad Pública con 651 y la de Salud con 439 acusaciones.

 

 

 

 

 

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Oaxaca: ¿qué pasará?

Filed under: Desaparecidos,Presos políticos,Uncategorized — Emiliano Balerini @ 2:01 pm
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oaxaca02112006.jpg Ya pasaron varios meses de la incursión del Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca. En ese tiempo los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fueron apresados, reprimidos, torturados, por las supuestas fuerzas que mantienen el orden en el país.

Esas mismas autoridades han sometido a la gente del estado a dinámicas propias de una dictadura militar. Vigilancia permanente por las calles de la capital de la entidad; cateo en casas sin órdenes judiciales; detenciones arbitrarias; militarización estatal. En otras palabras: Estado de Sitio.

Pero, cuáles son las razones de esta decisión. La primera: el miedo que Felipe Calderón Hinojosa, presidente de este país, a salir a la calle y enfrentarse a sus opositores. La segunda: la militarización del Oaxaca y todo el territorio nacional se ha dado por el supuesto combate al narcotráfico. Cuando de lo que se trata es de generar una práctica continuada desde la década de los 60 de Terrorismo de Estado, para controlar a aquellos que están en desacuerdo con las formas de actuar del gobierno federal. La tercera: Esta represión, es un ejemplo más de lo dispuesto del actual mandatario a acabar con todo aquello que se oponga a su gobierno.

La firma de un acuerdo bilateral entre Estados Unido y México para combatir al crimen organizado son efectos reales de la forma como el Estado evita los problemas verdaderamente importantes del país. No quiero decir que esto no sea importante, pero hay que recordar que si el narco existe es gracias a las bondades que el gobierno le da. Ejemplo de ello es la forma como se escapó el Chapo Guzmán a principios del sexenio pasado.

Con todos estos distractores en el ambiente, los medios de comunicación y la sociedad civil se han olvidado de lo sucedido en Oaxaca. ¿Qué pasa en esa entidad en estos momentos? ¿Cómo se encuentra su sociedad? ¿En qué condiciones viven los líderes de la APPO en la cárcel? ¿Quién va a responder por los desaparecidos? ¿Cuándo se liberará a los presos políticos? Son algunas de las preguntas que surgen frente al polarizado ambiente político mexicano…

A lo sucedido en ese estado hay que agregar que en San Salvador Atenco también se encuentra un movimiento social devastado, recluido en sus calles e intentando liberar a sus dirigentes, condenados a 43 años de prisión y capturados el 3 y 4 de mayo de 2006. La desaparición de Francisco Paredes, el 25 de septiembre pasado en Morelia, Michoacán y de los dos supuestos guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), conforman el complejo panorama nacional.

A Calderón y su gobierno se les olvida que si estos movimientos han surgido en México, se deben a las malas condiciones de vida en la que viven 60 millones de mexicanos. Pobreza, desempleo, carencias educativas, hambre, falta de recursos, salarios bajos, falta de vivienda, dignidad para la gente; son ejemplos perfectos del por qué existen organizaciones como los anteriores.

¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo cambiar el panorama actual? Seguramente estas preguntas serán difíciles de contestar, mientras los intereses del gobierno sea preservar su condición hegemónica a la hora de acabar con todos sus opositores.

octubre 17, 2007

Sobre el terrorismo de Estado, la obediencia debida

Filed under: Uncategorized — Emiliano Balerini @ 8:57 am

Mesa redonda:

Los desaparecidos de ayer y de hoy en México.

Teatro-bar El Vicio, Coyoacán.

Domingo 14 de Octubre de 2007

Por: Carlos Fazio

Desde diciembre pasado, de la mano de la administración militarizada de Felipe Calderón, una serie de noticias y palabras que han reaparecido en los medios y en la vida pública nacional, potenciadas muchas veces desde las instancias oficiales, entrañan un mensaje inquietante de signo incierto.

Entre ellas figuran, por ejemplo, palabras como “seguridad nacional”, “guerra”, “terrorismo”, “subversión”. Las noticias hablan de un millonario programa de asistencia militar estadunidense similar al Plan Colombia, de prácticas castrenses de tipo contrainsurgente en todo el país, de un gobierno débil rehén de los militares y atrapado en la lógica del terrorismo de Estado, de la detención-desaparición forzada de militantes populares, de ejecuciones sumarias de civiles en retenes de seguridad, de la violación de los derechos humanos y la reaparición de la tortura −incluida la sexual− como mecanismo de interrogación sistemático, de la reaparición del paramilitarismo en Oaxaca y Chiapas, de la llegada a México de mercenarios contratados por el gobierno de Estados Unidos para realizar tareas de espionaje y actividades propias de los organismos de seguridad del Estado, encubiertos bajo la pantallas de “contratistas civiles” y otros hechos ominosos.

En el marco de una aguda crisis institucional, México está entrando aceleradamente en una nueva fase exacerbada de la contradicción oligarquía-pueblo. Por eso, a la manera de recuerdos del porvenir, tal vez sería útil repasar algunos episodios del pasado reciente, entre ellos, la guerra sucia de los años setenta con alguno de sus protagonistas y la farsa de la justicia en el “gobierno del cambio”.

Nazar Haro, icono de la guerra sucia

Veamos un caso paradigmático, con la mirada puesta en los sucesos actuales y en la personalidad de los torturadores de ayer y de hoy y sus mandos naturales. El de Miguel Nazar Haro, investigador estrella de los servicios secretos del antiguo Estado autoritario priísta y hombre de confianza de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien fue detenido en México el 18 de febrero de 2004. Remitido al penal de Topo Chico, apremiado por un cúmulo de denuncias que lo identificaban como autor de varias detencionesdesapariciones y del uso sistemático de tratos brutales y ataques sádicos, para colocar en una dependencia extrema y degradar masiva, psíquica y biológicamente a sus prisioneros durante la llamada guerra sucia de los años setenta, Nazar se había atrincherado entonces en dos palabras: “Soy inocente”.

El creador del grupo de operaciones clandestinas C047 y de la paramilitar Brigada Blanca, quien se hacía llamar capitán Martínez en sus primeros tiempos de torturador, cuando arrancaba confesiones a sus víctimas con la picana eléctrica, negó todo. Inclusive, ese hombre duro que llegó a autodefinirse como “institucional hasta la muerte”, recurrió de modo tácito a la “obediencia debida”, cuando admitió ante el juez que llevaba la causa en Monterrey que todo lo que hizo en los años del plomo lo informaba a diario al presidente de la República y al secretario de Gobernación de turno.

El 5 de febrero de 2003, unos meses antes de pasar a la clandestinidad y convertirse en policía fugitivo, Nazar exhibió en una entrevista con Gustavo Castillo su personalidad narcisista al proyectar la idealización de su actividad y sus fines, como miembro de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS). Le aseguró al reportero de La Jornada que si quería le podía demostrar cómo podía interrogarlo y debilitarlo sin tortura: “Platíqueme de su infancia. ¿Cuáles fueron sus deseos infantiles? ¿A quién culpó de no lograr lo que quiso en su juventud?”. Es probable, como dicen algunas de sus víctimas, que Nazar posea una personalidad psicopática propia de los individuos autoritarios, exacerbada por la ambivalencia del mundo en el que se movió: los sótanos del sistema represivo priísta de los años sesenta y setenta. Probable pero no forzoso. Aunque es obvio que él y sus guerreros sucios de la DFS vivieron en una constante tensión. Entre el miedo y la agresividad, entre su vivencia de perseguido y su papel de perseguidor (Nazar declaró que el origen del nombre Brigada Blanca se debe a que sus integrantes se sentían el “blanco” de la brigada roja de la Liga 23 de Septiembre).

Experto en contrainsurgencia, con cursos en academias militares de Estados Unidos y Panamá, Nazar, quien desde la DFS coordinaba los servicios de inteligencia del régimen y aplicaba la tortura como práctica administrativa de rutina −fue en su época una réplica a escala del coronel Manuel Contreras, el todopoderoso jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura pinochetista, actualmente preso−, en el momento de su detención recurrió a la imagen de que “toda su vida” fue un policía que se sacrificó en la defensa de “la patria”, “la familia” y “la propiedad privada”. Una carta de Miguel Nazar Haro a sus descendientes (“Sí, hijos míos, fui policía”, Proceso No. 1425), arroja algunas pistas sobre lo que constituye un patrón típico de las patotas criminales de la guerra sucia en México y el Cono Sur: “Mientras la sociedad descansa o duerme (…) estábamos de pie, vigilando”. El informe de la Conadep sobre Argentina revela que la nocturnidad caracterizó el momento de las desapariciones forzosas.

Durante el curso del proceso penal que se le sigue, Nazar, quien está ahora sometido a prisión domiciliaria debido a una ley que lo beneficia por su avanzada edad, no reveló quién o quiénes, en una cadena de mando que abarcó a los sucesivos directores de la DFS Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda y Javier García Paniagua; los secretarios de Gobernación Luis Echeverría, Mario Moya Palencia y Jesús Reyes Heroles, y a los presidentes de la República Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, le autorizaron llevar a cabo el espionaje telefónico y fotográfico sobre el personal diplomático de los países socialistas acreditados ante la Cancillería mexicana, en estrecha colaboración con la estación de la CIA y del attaché del Buró Federal de Investigación (FBI) en México. Ni por órdenes de quién creó el Grupo de Investigaciones Especiales C047 (noviembre de 1965), para infiltrar y aniquilar a los “grupos subversivos”, luego de pasar un semestre adiestrándose en Washington. O quién aprobó la formación una Brigada Especial o Blanca −réplica de los escuadrones de la muerte centro y sudamericanos−, que practicó la tortura como método y ejecutó y desapareció de manera forzosa prisioneros y tuvo la prebenda del “botín de guerra” durante cateos y detenciones.

Por otra parte, el pregonado nacionalismo de Nazar es falso; son públicos sus nexos con la CIA. En agosto de 1981, cuando fue acusado formalmente en San Diego, California, de ser jefe de una banda de robo y contrabando de automóviles de lujo, Gordon McGinley, agregado legal del FBI en la embajada de Estados Unidos en México, envió un cable a sus superiores en Washington señalando que Nazar, entonces titular de la DFS, era un “contacto esencial de la estación de la CIA en la ciudad de México”. Su renuncia (o detención), agregaba, significaría un “golpe desastroso (…) a los intereses y la seguridad” de Estados Unidos en materia de “terrorismo, espionaje y contraespionaje” (The Washington Post, 17.VII.1990). En abril de 1982, confiado en su impunidad, Nazar viajó a Los Angeles, pero fue arrestado y pasó 27 horas en prisión. Entonces intervino el Departamento de Justicia, pagó una fianza y regresó a México en calidad de fugitivo. Lo salvó el gobierno de Ronald Reagan y el entonces jefe de la CIA, George Bush (padre).

Luego de ese “traspié”, Nazar tuvo que dejar la dirección de la Federal de Seguridad. Su salida de la institución, el 13 de enero de 1982, coincidió con la derrota militar de los remanentes de las guerrillas, que dejó sin materia de trabajo a los paramilitares de la Brigada Blanca. No obstante, los grupos especiales de las diferentes corporaciones adscritas a la seguridad del Estado se refuncionalizaron y conservaron autonomía, dando origen a una cadena de mando criminal y mafiosa vinculada al narcotráfico y otras actividades ilícitas, organizada desde el corazón mismo del sistema político mexicano. Muchos antiguos mandos de la DFS, montaron, como tapadera de sus empresas criminales, agencias de seguridad; Nazar entre ellos.

La desprolija rehabilitación de Nazar como policía al servicio de la “seguridad nacional” se dio tras el levantamiento zapatista. Junto con los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, Nazar fue llamado a formar parte de la anticonstitucional Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, creada por Carlos Salinas de Gortari mediante decreto presidencial del 26 de abril de 1994 y a cuyo frente estuvo Arsenio Farell Cubillas. El 8 de febrero de 1995, en el marco de la fallida ofensiva del Ejército ordenada por el presidente Ernesto Zedillo para capturar al subcomandante Marcos en Chiapas, Nazar y Acosta Chaparro participaron en la detención de María Gloria Benavides en el Distrito Federal. Antigua militante de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), Benavides, quien había adoptado el nombre de Elisa tras varios años de prisión, fue identificada con base en fotografías de la época de la DFS. Nazar, exuberante en los detalles, le comentó entonces: “Ayer fue el aniversario de la muerte de Julieta Glockner”, una ex guerrillera de las FLN que cayó en un enfrentamiento con el ejército el 7 de febrero de 1975.

Una brigada de elite

Envuelto en la bandera del patriotismo, la seguridad y el orden, durante su detención Nazar apeló a la obediencia debida (“el Presidente sabía todo”) y se declaró inocente de cualquier crimen. Pero redujo el papel de la DFS y la Brigada Blanca a simples funciones de información e investigación. Asimismo, rechazó cualquier vínculo con los militares de la época. Un dato sin duda falso, máxime, en boca de quien entró a la DFS sin grado militar y fue nombrado teniente coronel, en 1980, por el presidente López Portillo.

El 29 de octubre de 2002, en el marco del Consejo de Guerra contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro en el Campo Militar Número Uno, la Procuraduría General de Justicia Militar sostuvo que la Brigada Blanca fue un grupo “carente de sustento legal, cuyas tácticas eran completamente ilegales”. En la acusación por homicidio contra ambos militares −en 2002 fueron degradados y condenados por el delito de fomento al narcotráfico, Quirós murió en noviembre de 2006 y Acosta Chaparro fue luego exonerado y recuperó su grado−, la procuraduría castrense sostuvo que la Brigada Blanca “utilizó una táctica que consistía en detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales”, incluso en instalaciones militares habilitadas para “operaciones encubiertas”. Por ejemplo, las del Segundo Batallón de Policía Militar, ubicadas en el Campo Militar Número Uno A.

Si bien fichas desclasificadas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) daban cuenta de la existencia de una Brigada (Especial o Blanca), la acusación de la procuraduría militar contenida en el expediente fue el primer documento oficial de una dependencia del gabinete de Seguridad Nacional donde se admitió, de manera pública, la existencia de ese cuerpo paramilitar. Entre las corporaciones que aportaron personal a la Brigada Especial, figuraban, además de la DFS, la Policía Judicial Federal, a las órdenes del procurador general de la República, Óscar Flores Sánchez; el Segundo Batallón de la Policía Militar (luego Brigada), al mando del entonces coronel Francisco Quirós Hermosillo; la Policía Judicial Federal Militar; las policías judiciales del Distrito Federal y estado de México, y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), a cargo de Francisco Sahagún Baca. Se trataba, pues, de un grupo de elite contrainsurgente compuesto por militares y policías.

.Sevicia, aniquilamiento y responsabilidad estatal

En sus días de prisionero en el penal de Topo Chico, Nazar se quejaba de que “los errores de la fiscalía” lo iban a matar. Él, que fue parte de una maquinaria terrorista de Estado, cuyo mecanismo los llevó a una dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la tortura y la muerte; que ejerció un derecho de vida y muerte sobre sus prisioneros, y que como en el sueño nazi de los hombres que se desvanecen en la noche y en la niebla “desapareció” detenidos a voluntad, amparado en la arbitrariedad y la impunidad del poder, aducía ahora que había actuado “por razones de Estado”. Desvalido, se acurrucaba en el síndrome de Eichmann: argumentaba que fue sólo un “receptor de órdenes” (befehlsempfänger). Y en efecto, él no pudo haber operado en términos individuales sino corporativos. Nazar fue un eslabón, sí. Pero fue un engranaje eficaz de una maquinaria clandestina de exterminio. Por eso, su función subordinada no lo exime de responsabilidades.

El poder civil utilizó entonces a un grupo de elite compuesto por elementos del ejército y la policía, para exterminar disidentes y aniquilar poblaciones enteras. Como sostuvo en su momento Ignacio Carrillo Prieto, ex titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), “sólo con la orden del jefe supremo del país se pudo operar así”. Los gobiernos de entonces adoptaron un grupo de medidas tipificadas como ilegales en el derecho penal y los tratados internacionales vigentes (privación de libertad, tortura, desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales, homicidios calificados), para “aniquilar” a un grupo disidente armado, fraccionado en distintas siglas, mediante “el uso ilegal de la fuerza”.

Hubo, pues, una “intención manifiesta” de aniquilar y desaparecer disidentes; una acción “diseñada desde el más alto nivel del Estado” para acabar por la vía de la fuerza a “grupos enteros” de nacionales, lo que cae bajo la normatividad de delitos de lesa humanidad. La fiscalía para la guerra sucia −víctima también de la “desaparición forzada” mediante un pacto entre el presidente Fox y el PRI en el marco de la toma de posesión del espurio Felipe Calderón, quien quería asumir baja el ala del alto mando castrense y necesitaba limpiar la mala imagen de las instituciones armadas−, se basó en una orden expresa del ex secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, para “exterminar” a Lucio Cabañas y su guerrilla en Guerrero.

Eso se enmarca, además, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2003 consideró procedente la extradición a España del ex torturador de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el argentino Ricardo Miguel Cavallo (ex director del Registro Nacional de Vehículos en México), para que se le juzgara por el delito de genocidio. Es decir, la represión homicida contra un “grupo nacional”, donde no cabe alegar prescripción, porque es un delito de los denominados de carácter permanente, donde la prescripción no comienza hasta ser hallada la persona detenida.

De manera falaz y cobarde, sectores interesados (o implicados) que suelen argumentar “espíritu de cuerpo”, manejan un conceptotrampa para justificar la represión durante la guerra sucia. Se amparan en la ejecución de “órdenes de servicio” o de “operaciones” que disponían emprender acciones de “aniquilamiento” en contra de la “subversión” y el “enemigo apátrida”. Pero la obediencia debida en el cumplimiento del deber tiene límites. Además, en rigor, el aniquilamiento, en términos de conducción militar, es la fase final del ataque que sigue a otra llamada la persecución y que procura quebrar la voluntad de lucha del adversario. Lo que se materializa en la rendición del enemigo.

Según el mayor general J. F. C. Fuller, “el objeto de la guerra no es asesinar ni devastar, sino persuadir al enemigo a cambiar de idea” (Fuller, La Segunda Guerra Mundial, 1950). Lo que sucedió en México fue la captura de implicados y de muchos sospechosos e inocentes, y su asesinato o desaparición forzosa, previo tormento. Ninguna ley o reglamento militar instruye eso. La Ley de Disciplina del Ejército mexicano previene: “Queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito; el militar que la expida y el subalterno que las cumpla, serán responsables conforme al Código de Justicia Militar (Art. 14)”. En consecuencia, tanto impartir como acatar una “orden” que no sea del servicio, convierte tal servicio en una servidumbre (en su sentido de sujeción grave o acto de someterse al dominio, señorío o disposición de alguno). A la vez, para quien la imparte es un abuso de autoridad, y para quien la obedece un acto de complicidad. Un soldado no es una máquina o un animal, menos un sicario.

Pero además, según el eslabón (o jerarquía) de la cadena de mando, se requieren grados de reflexionabilidad y complejidad. No es lo mismo una orden del presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que la orden de “firmes” y “descanso” que imparte un cabo a su pelotón. De allí, lo que se llama “responsabilidad del mando”. Ergo, la responsabilidad de Luis Echeverría y José López Portillo, es mayor que la de Nazar, Acosta, Quirós y la veintena de militares que fueron enjuiciados por la guerra sucia. Pero eso no exime a los ejecutores directos de responsabilidad.

Por otra parte, familiares de Nazar Haro −como antes militares retirados y en funciones−, recurrieron al lenguaje ramplón y quejumbroso de que fue un hombre que luchó en “defensa de la patria” y de una “ideología mexicana única” o “nacionalista”, atacadas por “grupos de aventureros” y “vendepatrias”. Con eso se intentó justificar la guerra sucia. El vale todo. Pero ningún profesional de las armas puede afirmar, con honestidad, que bajo determinadas circunstancias son moral y jurídicamente admisibles los horrores cometidos por una parte del ejército y la policía adscrita a la Brigada Blanca. Ningún comandante puede sustentar sus decisiones −sus órdenes− sobre la base de la aplicación de una suerte de Ley del Talión.

Tampoco es válida una obediencia ilegítima o inmoral, o la pretensión de haber padecido coacción de un oficial superior. El sentido común moral y el entendimiento normal vetan la comisión de matanzas como las de Tlatelolco y el Halconazo del Jueves de Corpus del 71. En el juicio sobre la masacre de MyLay, la aldea vietnamita, ordenada por el teniente Calley del ejército de Estados Unidos, los soldados que se negaron a disparar nunca fueron objetos de castigo. Nadie puede ordenar arrasar aldeas enteras, como ocurrió en las sierras de Guerrero durante la guerra sucia, ni tirar prisioneros al mar. Quienes lo hicieron y sus mandos superiores deben ser castigados. No se puede alegar que se ha matado injustamente en nombre de la justicia. Es la justicia la que exige que las matanzas injustas reciban su condena.

Como los criminales de guerra nazis Klaus Barbie, Adolf Eichmann y Erich Priebke, el general Manuel Contreras de la DINA chilena y varios de sus pares y un puñado de militares argentinos y uruguayos, el teniente coronel Miguel Nazar Haro, sus camaradas de armas (militares y policías) de la Brigada Blanca y la parte superior de la cadena de mando, incluidos el presidente Luis Echeverría y el capitán Luis de la Barreda, prófugo de la justicia, deben ser juzgados por genocidio, terrorismo, torturas y desapariciones forzosas. Por los crímenes contra la Humanidad cometidos en el marco de la guerra sucia.

Hubo entonces una voluntad manifiesta para destruir total o parcialmente a un segmento de la nación. ¿Y qué pasó? De 600 detenidosdesaparecidos y cientos de ejecutados (se afirma que el ahora liberado Arturo Acosta Chaparro le dio el tiro de gracia a 200 prisioneros en Guerrero), sólo han sido capturados menos de media docena de presuntos criminales. No se puede decir que haya cosa juzgada, y más que insólita resulta perversa la decisión del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, en el sentido de que hubo un genocidio organizado y ejecutado por las autoridades de aquella época, pero no hay responsables vivos y ninguna prueba que incrimine a Echeverría. Es decir, genocidio sin genocidas.

Asistimos a una gran farsa. Por eso, contra la patraña oficial de ayer y de hoy, junto a los Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, las doñas de Eureka y el Colectivo 68, repetimos, ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

octubre 16, 2007

Persiste alto riesgo para el periodismo en México: SIP

Filed under: Uncategorized — Emiliano Balerini @ 8:16 pm

Denuncia el asesinato de dos reporteros y tres voceadores

 

 

 

Luis Felipe López
El Universal
Lunes 15 de octubre de 2007

elmundo@eluniversal.com.mxMIAMI.— El ejercicio del periodismo en México sigue siendo una práctica de “alto riesgo”, tanto por los asesinatos y agresiones físicas contra los comunicadores, como por el nivel de impunidad de los crímenes que siguen sin resolverse, señaló un informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“El asesinato de dos periodistas, la desaparición de dos, el crimen de tres voceadores y las amenazas contra nueve comunicadores, revelan que la inseguridad para la prensa y la impunidad que rodea a los casos anteriores siguen siendo un tema pendiente”, indicó el informe presentado por Juan Fernando Healy, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del diario El Imparcial de Hermosillo, ante la 63 asamblea general de la SIP que concluye mañana martes.

El reporte reflejó la preocupación del medio periodístico latinoamericano ante la situación imperante en México, “a pesar de que se esperaban mejoras”, luego de que asumiera en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón.

Destacó el caso del reportero Alfredo Jiménez, de El Imparcial, desaparecido hace 924 días, sin que hasta la fecha se haya podido determinar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este hecho.

También se refirió a los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza. Miranda, codirector del semanario Zeta de Tijuana, fue ultimado hace 23 años sin que el crimen haya sido esclarecido. En el caso de Oropeza, un columnista de Ciudad Juárez, los responsables no han sido llevados ante la justicia, “a pesar de la promesa oficial de resolverlo”.

Despenalizan difamación e injurias

Como aspectos positivos a destacar durante el último semestre, desde la anterior asamblea general de la SIP, realizada en marzo pasado, el informe sobre México mencionó la reforma legislativa aprobada en el Senado para despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injuria, conocidos como “delitos de prensa”.

“La reforma está vigente para el fuero federal, pero todavía falta que sea adoptada en los estados para que tenga vigencia en el fuero común”, indicó el informe presentado por Juan Fernando Healy.

“En materia legislativa sigue también pendiente la demanda que la SIP viene haciendo desde 1997, para que los delitos que atentan contra la libre expresión puedan ser atraídos a la jurisdicción federal, así como que éstos sean considerados con agravantes y que no prescriban”, agregó.

Al referirse a los hechos de violencia contra periodistas entre marzo y octubre en el territorio nacional, el informe denunció el asesinato de dos comunicadores y de tres voceadores, así como la desaparición de otros dos profesionales del periodismo.

Entre los homicidios destacan el del corresponsal de Televisa en Guerrero, Amado Ramírez, fue asesinado por un desconocido el 7 de abril, cuando salía de una radioemisora en Acapulco, después de haber recibido amenazas de muerte.

El reportero del semanario Interdiario, Saúl Martínez Ortega, fue secuestrado frente a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública en Agua Prieta, Sonora, y su cuerpo sin vida fue hallado una semana después en el estado de Chihuahua.

El lunes 8 de octubre, los voceadores Mateo Cortés Martínez, Agustín López y Flor Vásquez López, del periódico El Imparcial del Istmo en Oaxaca, fueron asesinados por desconocidos que les dispararon desde una camioneta en marcha.

En Monterrey, Gamaliel López, reportero de TV Azteca Noreste, desapareció el 14 de mayo junto con su camarógrafo, Gerardo Paredes, cuando se dirigían a cubrir una historia en esa ciudad.

El informe detalló numerosas agresiones contra periodistas en distintos puntos de México, como el atentado que sufrió el 8 de mayo en el DF una camioneta en la que viajaba la periodista Lydia Cacho, quien ha denunciado la existencia de una red de pederastas vinculados con altos funcionarios a nivel estatal.

octubre 13, 2007

La democratización de los medios

Filed under: Derechos de los periodistas,Uncategorized — Emiliano Balerini @ 8:03 pm
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Hace unos días se conoció la noticia de que no se les daría ninguna concesión más de radio y televisión a Televisa y TV Azteca. Habrá que esperar si esto es verdad, porque es de todos conocidos que cuando ese duopolio se dispone algo lo logra. Por lo mientras, es importante la determinación.

Seguramente se preguntarán por qué en un blog que se supone es de derechos humanos hablamos de los problemas de los medios electrónicos. Es muy simple: el escuchar todas las voces es un derecho humano universal. Se puede o no estar de acuerdo con ellas; sin embargo es importante oír todas las opiniones suscitadas sobre un tema determinado.

A lo que me quiero referir es que los cambios a la ley de medios previstos por el Congreso hace unos días permitirían que todas aquellas expresiones que no suelen conocerse por el dominio vigente de ambas televisoras en el mercado puedan darse al amparo de nuevos espacios para ellos.

Y es que en la actualidad hay muchas radios de las que no se puede conocer sus contenidos por falta de lugares en donde poder expresarse. Por lo que esta determinación llevará a la democratización y pluralidad de los medios; algo, por cierto a lo que los mexicanos no estamos acostumbrados.

Según la ley, ningún dueño de medios electrónicos que tenga más de 20 concesiones podrá adquirir otra. Esto deja fuera del espectro a las empresas de periférico, las cuales dominan más de 80 por ciento del mercado mediático mexicano. Además para ser candidato adquirir una concesión se deberá acatar los preceptos constitucionales de la no concentración de poder y el de no propiciar monopolios; otra cuestión que aísla a los consorcios televisivos.

Esperemos que estas nuevas reglamentaciones se cumplan, porque ya se escuchan voces al interior del Congreso de la Unión, como la del priísta Jorge Mendoza -por cierto ex funcionario de TV Azteca- intentando cabildear para suavizar la propuesta antes de pasar al pleno legislativo.

No sé si este embate contra el poder que ostentan algunos medios de comunicación sea porque de verdad quiere democratizar el mercado o porque haya una venganza contra los concesionarios más importantes del país. Lo que sí es cierto es que desde el Poder Legislativo se están haciendo leyes de medios que permitan una mejor redistribución de las concesiones; la apertura para escuchar voces que nunca habían sido conocidas; la posibilidad de generar mayor pluralidad mediática y el intento de lograr mejores contenidos en las diferentes programaciones. Y eso es un derecho humano.

 

octubre 12, 2007

Libertad de expresión: un fraude

Filed under: Derechos de los periodistas — Emiliano Balerini @ 3:08 pm
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medios.JPGAunque esta columna tendría que haber salido hace unos día, el autor prefirió esperar para reposar el tema en su cabeza y en los medios dce comunicación. Seguramente el tópico que se aborde a continuación les parecerá a muchos un fiasco. No lo es. En México desde hace varias décadas los periodistas padecen de la libertad de expresión. Sí, la padecen. Me refiero evidentemente a que los intereses de los medios de comunicación, así como el de los políticos son demasiados.

Como ejemplo de lo que digo, se encuentra la famosa Reforma electoral impulsada desde el Congreso de la Unión. Ella ha generado todo tipo de debates porque en el apartado de medios de comunicación, los senadores y diputados del país, decidieron quitarle a los concesionarios el derecho de cobrar la propaganda que saliera en sus espacios y convertirla en tiempos oficiales.

Eso provocó que en días pasados viéramos desde las televisoras más importantes del país -Televisa y TV Azteca- toda una oda a la supuesta libertad de expresión. Enarbolados en ella, hicieron programas de análisis, spots publicitarios, entrevistas a supuestos especialistas en medios de comunicación, para criticar la decisión legislativa.

No podemos dejar de lado, que además del embate mediático antes mencionado, los conductores más populares e importantes de la televisión mexicana desfilaron por la sala alterna de la Cámara de Senadores en la Torre del Caballito, para escuchar primero la propuesta y después desecharla por creer, según ellos, que afectaría su forma de expresión en su trabajo.

En realidad, los connotados periodistas fueron enviados por sus jefes -los dueños de las televisoras- al matadero. Acudieron al sitio sin siquiera haber leído la ley; y evidenciaron su falta de conocimiento sobre el tema. Palabras como las de Paty Chapoy sobre su preocupación por  no poder decir que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto es guapo, representan un claro ejemplo de lo que digo.

Al igual que la conductora de espectáculos, los periodistas que todas las noches dan las noticias, señalaron su preocupación por no poder criticar a los legisladores. Frases como: “lo más preocupante de esto no es la reforma a los tiempos oficiales del gobierno en los medios de comunicación, sino que ya no podamos criticar o hablar con libertad sobre ustedes (legisladores)”, retumbaron permanente las paredes de ese salón repleto de senadores, diputados, periodistas.

Pero de qué libertad de expresión hablan estos connotados periodistas. ¿Cuándo la han ejercido? ¿Cómo lo han hecho? Su supuesta libertad es completamente debatible en todos los aspectos.

Por ejemplo: dónde estuvieron esos periodistas que hoy dicen ostentar la verdad cuando el 2 de octubre de 1968 hubo una matanza de estudiantes en Tlatelolco y Jacobo Zabludovsky responsabilizó a los jóvenes de lo sucedido y se convirtió, por consiguiente, en coparticipe del poder fáctico gubernamental.

El autor de esta columna informal también pregunta: dónde estuvieron esos comunicadores el 10 de junio de 1971, cuando las guardias blancas del gobierno asesinaron a decenas de jóvenes que se manifestaban pacíficamente por las calles de la ciudad de México; Dónde se encontraban los reporteros de la verdad en el fraude electoral de 1988, o cuando fue asesinado Manuel Buendía a las afueras de su domicilio.

Dónde estuvieron estos que ahora patentan la libertad de expresión en la matanza de Acteal o de Aguas Blancas; en la irrupción del EZLN; por qué no ejercieron una crítica responsable cuando se dio a conocer el Fobaproa o Pemexgate; por qué taparon el tema; qué intereses tenían esos medios electrónicos tan democráticos que tenemos.

Dónde se encontraban estos que ahora dicen defender la libertad de expresión cuando desde el gobierno de Vicente Fox se intentó desaforar al candidato presidencial -que hasta ese momento era el favorito- Andrés Manuel López Obrador; más precisamente, en dónde estuvieron cuando se orquestó el fraude electoral el año pasado.

En resumen lo que se quiere con esta columna no es santificar al Poder Legislativo de la Nación, pero sí reconocer que la Reforma Electoral y en especial el apartado de los medios de comunicación tiene como fin acabar con el poder que ostentan en el país. No es posible que medios concesionados por el gobierno puedan dictar las políticas públicas que se deben realizar en México.

Es probable que me falten hechos contundentes para ejemplificar la falta de coherencia de algunos periodistas mexicanos, sin embargo aquí están algunos acontecimientos en los que evidenciaron su falta de ética con la profesión y con su audiencia.

Por último tampoco es que los periodistas no puedan quejarse o criticar alguna decisión gubernamental; pero sí es que lo van a hacer, tendrían que decir la verdad: la razón de su molestia es porque les quitaron dinero y poder, que además es del gobierno; por lo tanto de los ciudadanos.


 

octubre 11, 2007

Finalmente llegó la justicia

Filed under: Desaparecidos — Emiliano Balerini @ 10:03 am
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En la última dictadura militar argentina (1976 -1983),  el cura católico Christian Von Wernich participó en el asesinato de siete personas; la tortura de 32 más y el secuestro de 42 militantes de diferentes organizaciones. Ayer, finalmente, fue condenado a cadena perpetua en uno de los juicios orales más esperados a los responsables de ese genocidio.

Cientos de personas celebraron en las calles cuando conocieron la sentencia del juez Carlos Rozanski, en el Tribunal Federal Uno, de La Planta, Provincia de Buenos Aires.

Las primeras en festejar tan importante acontecer fueron las Madres de Plaza de Mayo. Quienes agitaron sus pañuelos y señalaron que: “por primera vez sentimos que se está haciendo justicia”.

Esta condena representa un hecho histórico en el país. Especialmente porque habla del genocidio que se produjo entre 1976 y 1983 -figura jurídica que queda instalada como jurisprudencia- y que se repite por segunda ocasión después de la condena del año pasado al ex comisario Miguel Etchecolatz.

“En este castigo se hace justicia contra una Iglesia que estuvo comprometida con los militares; que ni siquiera luchó por los católicos torturados y desaparecidos”, señaló Tati Almeida, integrante de las Madres de Plaza de Mayo.

Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de Argentina, aseguró que de lo que se trata es de un fallo histórico que hace justicia ante los crímenes de lesa humanidad.

En el juicio atestiguaron diferentes familiares de las siete personas que involucran a Von Wernich en su asesinato. Todas detallaron como el cura les pidió dinero  para conducir  a los suyos a un exilio seguro y después como los engaño, ya que participó en el asesinato de éstos; inclusive: “su sotana quedó manchada de  la sangre de uno de ellos”, aseguró uno de los testigos que prefirió no dar su nombre.

El fallo mostró también que ni la desaparición el año pasado del testigo clave en el juicio a Miguel Etchecolatz, Julio López, ni las amenazas, lograron amedrentar a más de un centenar de testigos que fueron al tribunal a señalar al culpable.

Este fue el tercer juicio con condena después de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que desde 1986 -1987 habían alentado la impunidad en el país.

Fuente: La Jornada (10/10/07

octubre 9, 2007

En seis años: 100 desaparecidos

Filed under: Desaparecidos — Emiliano Balerini @ 10:22 pm
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Desde el sexenio pasado a la fecha ha habido más de 100 desaparecidos políticos en el país. Con esto ya suman 600 desde 1969.

Entre los opositores del mandato de Vicente Fox Quesada, la irrupción de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco, la incursión del Ejército en Oaxaca, el gobierno federal ha demostrado que persigue las mismas políticas de Terrorismo de Estado implantadas desde hace varias décadas, asegura un miembro del colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S México), quien no reveló su nombre por seguridad.

Además añade que esta forma de hacer política no ha cesado desde esa época. Ejemplo de ello son las desapariciones más recientes, entre mayo y septiembre de este año.

Asegura que este tipo de problemas se generan por la impunidad que existe en el gobierno. Los casos de Luis Echeverría, José López Portillo, Mario Moya Palencia, vivos o muertos, representan una explicación de lo anterior.

“En H.I.J.O.S. lo que hacemos –ya que el gobierno no hace nada por los desaparecidos- es justicia social. Llevamos nuestras demandas a la calle para que la gente se entere de quienes han sido los responsables de este tipo de políticas en el país”.

Hasta el momento, explica, han realizado diferentes actividades: dos Escraches a Luis Echeverría y uno al Campo Militar No. 1; también renombramientos simbólicos de calles con el nombre de diferentes represores.

“La respuesta de la gente ha sido muy buena. En general nadie se ha opuesto y nos ha ayudado a difundir que en este país también hay desaparecido políticos”.

En el marco de la presentación de la Semana de H.I.J.O.S en el Teatro – bar El Vicio, por la memoria y la justicia, otra integrante de la misma organización puntualiza que de lo que se tratan esta jornada es de evidenciar el tema frente a la gente que no sabe nada de la desaparición forzosa.

Comenta que cuando las personas escuchan la palabra desaparecidos la relaciona con Chile, Argentina y Uruguay; nunca con México. Pero la verdad es otra y nosotros deseamos que se conozca”.

La integrante puntualiza que el colectivo intenta aportar para que la gente se dé cuenta de lo que ha sucedido en el país, por medio de actividades festivas, lúdicas: “como somos nosotros. No queremos que nos vean tristes, porque no lo estamos. Nos sentimos orgullosos de lo que hicieron nuestro padres y que nos vean mal es otorgarle un nuevo triunfo al gobierno”.

 

 

octubre 8, 2007

Unas abuelas muy buenas

Filed under: Desaparecidos,Presos políticos — Emiliano Balerini @ 12:34 pm
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abuelas2.jpgMañana 9 de octubre de 2007 se cumplen el 30 aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización argentina, dedicada a la búsqueda de sus nietos robados por el Ejército de esa nación en la última dictadura militar (1976 -1983).

Las abuelas, como cariñosamente les dice la gente decidieron hace muchos años luchar contra viento y marea para recuperar a sus familiares. Según sus reportes, la junta militar de la época, encabezada por: Jorge Videla, Emilio Masera, Orlando Agosti, entre otros, robó a 500 niños de sus padres, cuando estos fueron capturados por oponerse al régimen de la época.

De esa cantidad de menores retenidos y enviados con personas desconocidas, la agrupación ha recuperado poco más de 70, que después de 30 años se han reencontrado con una historia que no necesariamente ven con buenos ojos.

Es justo rendir un homenaje a un grupo de mujeres que por encima de los intereses que cada gobierno argentino pueda tener entorno al tema, se han mantenido de pie; siempre dispuestas a luchar por sus hijos, nietos; pero sobre todo paraque el pueblo argentino no olvide que en alguna época de su vida vivió de manera continua dictadura militares.

Las abuelas han sido un ejemplo que junto al Comité Eureka en México, representan la recuperación de la memoria histórica de nuestros países. Son las herederas directas de las luchas que sus hijos encarnaron a lo largo del continente. La ilusión de Latinoamérica y un ejemplo a seguir por todos.

En este pequeño homenaje, el autor del texto quiere destacar que la historia que representan este grupo de valerosas mujeres supera cualquier tipo de expectativas. Porque son ellas, las que en un país sin memoria, se han dedicado a restaurarla. Porque, a pesar del miedo de enfrentarse a gobiernos intransigentes, no han cesado su lucha diaria.

Porque a pesar de las amenazas han continuado con su trabajo. Sin dar marcha atrás. No parecieran ser mujeres normales, con miedos, dolores y rencores; más bien representan esa juventud, que aturdida por la incongruencia de sus vidas, no se involucra en ninguna de estas luchas por intentar saber qué sucedió en nuestros países.

Por esas razones y por muchas más, es justo decirles gracias a Las Abuelas de Plaza de Mayo… Gracias por su lucha; congruencia; amor por la vida;  ganas de vivir…

octubre 6, 2007

La noche que se fue

Filed under: Uncategorized — Emiliano Balerini @ 1:07 am

Roberto recordaba esa noche de mayo como si fuera ayer. Habían pasado más de cuatro meses y aún tenía pesadillas. Esperaba sentado en el jardín de su casa a que sus amigos llegarán. Mientras, su mente regresaba y viajaba a ese terror que lo había envuelto en las últimas semanas.

Salió del diario NOTICIAS, de Michoacán, acompañado de Gerardo, el otro Coeditor de la sección política y amigo desde la universidad. Se dirigían a la fiesta de uno de los fotógrafos del rotativo -de nombre Jorge-, a uno de los barrios más populares de Morelia, Ventura Puente, en la capital del estado.

Al llegar al domicilo bajaron de la camioneta, entraron a la casa, saludaron a sus compañeros de trabajo y cinco minutos después decidieron salir en busca de cervezas. Recorrieron las tiendas cercanas sin encontrar ninguna abierta. Decidieron alejarse de la colonia para ir a buscar al “Tío”, un hombre que clandestinamente vende todo tipo de bebidas después de las dos de la madrugada, que es la hora hasta la que los expendios de la capital michoacana pueden vender.

Cuatro caguamas y un refresco era el motín perfecto para iniciar la fiesta. Por lo menos así lo parecía. Al regreso, ingresaron de nuevo a la colonia Ventura Puente; pero esta vez se equivocaron de calle. Sin darse cuenta se metieron a una zona en la que había un operativo militar.

Al grito de paren el auto o los matamos, los dos amigos se paralizaron. Desde tres esquinas veían como un grupo de soldados les apuntaban a sus cabezas con armas: AK-47. Pararon la camioneta. Antes de bajar de ella Roberto ya había sido golpeado por uno de estos hombres. Los jalonearon y pusieron al frente del vehículo. Enseguida la cara de él fue golpeada contra el cofre de la camioneta. Los militares no cesaban; siempre contra la misma persona.

Mientras revisaban la pick -up blanca en la que se transportaban los dos amigos las preguntabas iban y venían: ¿Quiénes son? ¿Que hacen aquí? ¿A quién vienen a ver? ¿A qué se dedican? Las respuestas fueron igual de contundentes: “Nos llamamos Roberto y Gerardo; somos periodistas; trabajamos en el periódico NOTICIAS; nos equivocamos de calle, porque nos dirigimos a la casa de un amigo; ibamos a una fiesta”.

En total los habían rodeado 20 militares. Todos los apuntaban a la cabeza. Mientras seguían con sus preguntas -que según ellos eran de rutinas-, encontraron 100 gramos de marihuana. Eran de Gerardo; Roberto no sabía que estaban en el auto.

Ese fue el momento en que comenzó el verdadero tormento. Los golpes siguieron. Siempre a Roberto. Una y otra vez: De la cara a las piernas. De ahí a las espalda. Así, durante 20 minutos, hasta que encontraron en las billeteras de ambos sus credenciales de periodistas.

Entonces llamaron al oficial a cargo del operativo. Los esposaron y llevaron hasta una camioneta. En un trayecto de 30 metros a lo mucho, pudieron observar que 15 personas más estaban detenidas. Se encontraban tirados en el piso. Todos golpeados y sangrados.

Los soldados gritaban: “¡Miren al frente o se los carga la…Obedezcan. No sean tontos. Vean al frente o los matamos!”. Los periodistas hicieron caso. Siguieron su camino hasta que se encontraron de nuevo con el jefe responsable de ese cateo. En su manos tenía la droga y sus credenciales. Parecía que había hablado con alguién…

“Saben que esto es uhn delito federal. Que los podemos acusar de tráfico de drogas. Que más de 100 gramos ya no es consumo mínimo”, señaló con una voz bastante molesta. Pero en algún momento cambió, sus gestos se amabilizaron un poco y dijo: “por esta ocasión los voy a dejar ir; pero si los vuelvo a ver por aquí los matamos. ¡Quedó claro!”. Segundos después gritó: suéltenlos y devuélvanles sus cosas.

Los soldados obedicieron. Les quitaron las esposas. Los dejaron ir. No sin antes tomarles fotos, pedirles números telefónicos y sus direcciones en Morelia. Por cierto, entre las preguntas que les hicieron hubo dos recurrentes: ¿Qué hacen dos defeños (nacidos en el Distrito Federal) viviendo en la ciudad de Morelia? ¿Qué intereses tienen aquí?

Apuntes del autor:

Esta historia es verdadera. Lo único inventado son los nombres de los periodistas para su propia protección y del diario en dónde trabajaron. No hablamos de un hecho aislado ya que este tipo de acontecimientos comienzan a ser recurrentes en el país.

El trabajo de los reporteros cada vez se torna más complicado y aquí podemos ver un claro ejemplo de dos chavos que tuvieron que huir matarialmente de Morelia por el miedo a ser buscados

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